Tres años después de la entrada en vigor de la ley de eutanasia en España, la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) denuncia los retrasos y las dificultades administrativas que enfrentan los solicitantes. Según Javier Velasco, presidente de DMD, la duración media del procedimiento es de 75 días, a pesar de que la ley establece un máximo de 35 días. Además, Velasco critica la falta de transparencia en los datos proporcionados por algunas comunidades autónomas, siendo Andalucía, Baleares, Cantabria y La Rioja las únicas que han publicado el informe anual requerido por la ley .
Desde la implementación de la ley en junio de 2021 hasta diciembre de 2022, 746 personas solicitaron la ayuda para morir, y 363 (48%) de estas solicitudes fueron aprobadas. Sin embargo, una de cada tres personas falleció antes de recibir la prestación, lo cual se atribuye tanto a la gravedad de los solicitantes, mayormente enfermos oncológicos, como a la lentitud en la respuesta administrativa .
Velasco señala que algunos retrasos son provocados por objeciones de conciencia, donde las solicitudes son entregadas a médicos que objetan, causando demoras significativas. También denuncia casos en los que el trato administrativo ha sido «cruel», y solicita la implementación de un reglamento que sustituya el actual Manual de Buenas Prácticas, que no tiene valor legal .
En cuanto a la objeción de conciencia, Velasco indica que aunque los objetores son una minoría, la «objeción encubierta o de conveniencia» es un problema, especialmente en Atención Primaria. Para abordar esto, DMD propone que todas las comunidades autónomas cuenten con grupos de referencia para orientar a los médicos en la tramitación de las solicitudes de eutanasia