El juez Pablo Llarena del Tribunal Supremo ha decidido no aplicar la amnistía al expresidente catalán Carles Puigdemont y a dos exconsejeros, manteniendo vigentes las órdenes nacionales de detención en su contra.
Esta decisión también afecta a los líderes independentistas condenados por el procés, incluyendo al exvicepresidente Oriol Junqueras, debido a que el tribunal considera que el delito de malversación de caudales públicos no puede ser perdonado en este contexto.
La Sala de lo Penal del alto tribunal ha optado por promover una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional respecto al delito de desobediencia por el que fueron condenados Junqueras y los exconsejeros Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa. Sin embargo, la magistrada Ana Ferrer ha expresado un voto particular discrepante, argumentando en contra de excluir el delito de malversación de la amnistía y apoyando la presentación de una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la UE. Este fallo subraya la continua complejidad y la tensión en torno a los casos relacionados con el proceso independentista catalán, así como las divergencias dentro del mismo Tribunal Supremo sobre la interpretación y aplicación de la amnistía en estos delitos.