Por cada euro que el INAEM invierte en el Centro Especial de Empleo Oliver se obtiene un impacto social y socioeconómico de 5,6 euros. Esta es una de las principales conclusiones del estudio realizado por la Fundación Ecología y Desarrollo (ECODES) y encargado por la Asociación Tutelar Aragonesa de Discapacidad Intelectual-ATADES, responsable del centro, para identificar y analizar su retorno social y económico mediante la aplicación de la metodología SROI (Retorno Social de las Inversiones). La consejera de Economía, Planificación y Empleo, Marta Gastón, ha participado este miércoles en la presentación de los resultados de este informe, donde ha apuntado a este tipo de centros como «fiel ejemplo del buen funcionamiento de la colaboración público-privada».
“Ver de cerca la labor que centros como éste llevan a cabo confirma que merece la pena el esfuerzo presupuestario”, ha afirmado la consejera. En el caso concreto del centro Oliver, en 2018 –año tomado como referencia para la elaboración del estudio- recibió del Instituto Aragonés de Empleo (INAEM) 1,19 millones de euros. Marta Gastón ha destacado la “utilidad” de los centros especiales de empleo (CEE) y el “abanico de tareas y posibilidades” que pueden desarrollar colaborando con otras empresas y entidades. Además, ha querido “reconocer públicamente los retos a los que se han enfrentado en pandemia y que han superado con creces”.
El departamento de Economía, Planificación y Empleo, a través del INAEM, destina anualmente más de 17 millones de euros al fomento del empleo de las personas con discapacidad. En concreto, el INAEM apoya la labor de los centros especiales de empleo a través de distintas líneas de subvenciones para el mantenimiento de los puestos de trabajo de las personas con discapacidad, para la creación de nuevos puestos de trabajo de carácter indefinido en ellos y para el funcionamiento de sus Unidades de Apoyo, que permiten atender a trabajadores con especiales dificultades de inserción laboral, como son las personas con parálisis cerebral, con enfermedad mental o con discapacidad intelectual y las personas con discapacidad física o sensorial con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 65%. En la actualidad, Aragón cuenta con 72 de estos centros en funcionamiento, que ocupan a más de 2.700 personas con discapacidad.
CEE Oliver
En la presentación del informe sobre el Centro Especial de Empleo Oliver también han participado el gerente de ATADES, Félix Arrizabalaga; Juan González, trabajador del centro; el presidente de ECODES, José Ángel Rupérez; y el responsable de Evaluación y Medición de Impacto de ECODES, Charles Castro. A continuación, acompañados por el presidente de ATADES, Jesús Soto, y por el director del CEE Oliver, Roberto Fondevilla, se ha realizado una visita a las instalaciones de este centro, en el que actualmente trabaja una media de 215 trabajadores, de los cuales 91 con discapacidad intelectual, 89 con otros tipos de discapacidad (mental, sensorial, física) y 35 trabajadores normalizados que posibilitan el desarrollo de procesos industriales con diferentes grados de dificultad a los que son asignados los trabajadores en función de sus capacidades y aptitudes.
Dispone de 5 naves de producción y dos almacenes con muelle de carga y descarga, un total de 2.700 m2 conforman el espacio de trabajo, donde se engarzan 6 líneas de producción donde se montan a diario unas 1.600 puertas y 1.700 frontales de mandos para los hornos de TEKA, y trabaja con otro tipo de montajes industriales para clientes de primer nivel en el ámbito industrial como BALAY, ABB, IBERNEX, RB-COMPONENTE o GIRBAU.
Resultados del estudio
Los trabajadores con discapacidad del centro son los receptores del 62% de los impactos sociales y socioeconómicos que se han cuantificado en el análisis realizado por ECODES. Para las personas con discapacidad, los cambios positivos generados por el empleo protegido en el centro se focalizan en la inserción socio laboral de un colectivo con muy baja presencia en el mercado laboral formal, así como importantes mejoras en su bienestar, calidad de vida, autonomía y relaciones sociales. En el caso de los trabajadores sin discapacidad los principales impactos se centran en la generación y/o mantenimiento de empleo, satisfacción personal y una mayor sensibilización sobre la discapacidad.
Las familias de los empleados con discapacidad son receptores del 18% de los impactos sociales y socioeconómicos que se han cuantificado durante el proceso de análisis. Estos incluyen beneficios en el ámbito laboral, así como en mejoras en el bienestar de la unidad familiar.
Y las Administraciones Públicas son receptoras del 20% restante de los impactos socio económicos. Las aportaciones que destinan al CEE, subvencionando parte de los costes salariales de los trabajadores con discapacidad y bonificaciones a la Seguridad Social, resultan sumamente rentables en términos económicos y socioeconómicos. Los beneficios que redundan en las Administraciones Públicas representan importantes potenciales ahorros para los sistemas de protección social pública. Estos incluyen ahorros en el pago de pensiones no contributivas y prestaciones por desempleo, así como gastos sociales en recursos alternativos para personas con discapacidad.