El Decreto-Ley aprobado por el Gobierno Central esta semana para adaptar el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana a la sentencia del Tribunal Constitucional que declaraba nulos e inconstitucionales los artículos 107.1 a) y 107.4 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales obliga al contribuyente a autoliquidar el impuesto con un nuevo criterio.
Tal y como marca la nueva norma, a partir del 10 de noviembre, los negocios jurídicos (compra-ventas, herencias, permutas…) se liquidarán con el nuevo sistema general y, si lo solicita el contribuyente, se resolverán con valores de las escrituras o informes periciales.
La sentencia, aún no publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), declaró nulo el sistema de determinación de la base imponible del impuesto y, por tanto, imposibilitó al Consistorio a llevar a cabo los trabajos relacionados con la liquidación, comprobación, recaudación y revisión de Plusvalías. Por ello, el Ayuntamiento tomó la decisión de suspender “ad cautelam” la liquidación del Impuesto a raíz de su comunicación. Así, los negocios jurídicos comprendidos entre el 26 de octubre y 9 de noviembre, es decir, entre la comunicación de la sentencia del Tribunal Constitucional y la entrada en vigor del nuevo Decreto Ley, ante la intangibilidad y el vacío legal, no se liquidarán por parte del Ayuntamiento.
Además, el Consistorio anulará o devolverá (si se ha procedido al pago) los negocios jurídicos anteriores al 26 de octubre que hayan sido reclamados o estén pendientes de liquidar.
Por tanto, el Decreto Ley del Gobierno Central únicamente regula unos criterios nuevos de liquidación a partir del 10 de noviembre lo que va a suponer una bajada de recaudación objetiva para el Ayuntamiento de Zaragoza de entre un 30 y un 40 por ciento de cara al presupuesto del próximo año.
Tal y como ha explicado la consejera de Presidencia, Hacienda e Interior, María Navarro, “a ello, se suma un agujero económico que va a generar la anulación y devolución de los negocios jurídicos anteriores a la comunicación de la sentencia del Tribunal Constitucional y los problemas en la gestión del impuesto por parte del Consistorio a partir de ahora”.
Navarro ha reiterado que “desde el Ayuntamiento de Zaragoza se trabaja para dar seguridad jurídica al ciudadano que debe liquidar plusvalía y que cuenta con unos plazos para hacerlo”. La consejera de Hacienda ha asegurado que “las administraciones deben ofrecer seguridad a los contribuyentes, transmitir toda la información necesaria para resolver sus dudas y, de esta manera, velar por su seguridad”.