El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado, por unanimidad, la creación del Tribunal Administrativo Municipal de Recursos Contractuales del Ayuntamiento de Zaragoza. El Tribunal, que actuará de manera transparente e íntegra, ejercerá como órgano especializado e independiente y tendrá competencia para resolver los recursos especiales en materia de contratación. Durante el pleno municipal se ha aprobado también la designación de sus miembros:
Presidenta, Cristina Moreno Casado.
Es licenciada en Derecho por la Universidad de Zaragoza y Funcionaria del Cuerpo de Técnicos de Administración General del Ayuntamiento de Zaragoza desde 1987. Ha desempañado sus funciones en las áreas de Área de Urbanismo e Infraestructuras, Vivienda, Arquitectura y Medio Ambiente, el área de Alcaldía y la Asesoría Jurídica Municipal, puesto que desempeña en la actualidad. Moreno fue Secretaria General Técnica de la Presidencia del Gobierno de Aragón entre los años 2011 y 2015. Además, ha completado su actividad profesional con actividades de docencia y con la publicación de informes en materia de ordenación del territorio, urbanismo y vivienda en las ediciones 2009, 2010 y 2011 del Anuario Aragonés del Gobierno Local a cuyo consejo de redacción pertenece desde este año.
Vocal, María Asunción Sanmartín Mora.
Licenciada en Derecho por la Universidad de Zaragoza y Funcionario del Cuerpo Superior de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón desde 1988. Los puestos que ha desarrollado durante su carrera profesional han estado ligados a la contratación pública. Además ha sido vocal en la Junta Consultiva de Contratación de Aragón y en el Tribunal de Contratos Públicos de Aragón. Asimismo, Sanmartín ha completado su actividad profesional con la docencia y la publicación de artículos doctrinales sobre la materia de contratos públicos.
Vocal: Gerardo García-Álvarez García.
Licenciado en Derecho y Doctor por la Universidad de Zaragoza, en la actualidad desempeña las funciones de Catedrático de Derecho Administrativo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza, donde, también, ha sido director de distintas cátedras relacionadas con la contratación. Además es miembro de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Aragón desde 2017, miembro del Observatorio de Contratación Pública y autor de numerosas publicaciones relacionadas con la contratación pública.
El número de vocales podrá incrementarse si aumenta el volumen de asuntos sometidos a conocimiento del Tribunal. La duración del mandato de sus miembros será de seis años y no podrá prorrogarse.
JUNTA MUNICIPAL DE RECLAMACIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS
Además, también por unanimidad, el Pleno ha designado a los miembros de la Junta Municipal de Reclamaciones Económico-Administrativas. Se trata de personas de reconocida competencia técnica en el ámbito administrativo y tributario:
Presidente: Jesús María Royo Crespo.
Licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza es Técnico de Administración General y de Administración Especial. En la actualidad es Letrado-Asesor de la Diputación Provincial de Zaragoza, donde ha desarrollado otras funciones. Royo también es presidente de la Asociación de Letrados de Entidades Locales de España y, además, ha ejercido la docencia y llevado a cabo diferentes publicaciones relacionadas con las entidades locales.
Vocal: Lorena Tabanera Asensio.
Es licenciada en Derecho por la Universidad de Zaragoza y Abogado del Estado ante la Audiencia Nacional. También desempeña las funciones de ponente del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, preparador de oposición al Cuerpo de Abogados del Estado y Abogado del Estado en Zaragoza, especializada en delitos contra la Hacienda Pública e impugnaciones de las resoluciones del Tribunal Económico Administrativo de Aragón.
Vocal: José Montoya Hidalgo.
Licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza es actualmente el Jefe de Unidad de Planificación y Participación del Instituto Aragonés del Agua del Gobierno de Aragón. Ha participado en diversos proyectos normativos y legislativos a través de la Oficina de Transferencia de Resultados de la Universidad de Zaragoza. Cuenta, además, con una amplia trayectoria investigadora.
MODIFICACIÓN DE CRÉDITO
Además, el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado esta mañana las modificaciones de crédito que el Gobierno de Zaragoza planteó para hacer frente a los problemas presupuestarios que la crisis sanitaria y económica de la COVID-19, en concreto, en las áreas de Acción Social y Familia y Servicios Públicos y Movilidad.
De esta manera, el consistorio reforzará con 16 millones de euros los gastos extraordinarios realizados por el Ayuntamiento durante los últimos meses, priorizando las necesidades de los que peor lo están pasando y garantizando un transporte público seguro a pesar de la caída de usuarios.
3.995.043 euros se destinarán al «Plan de choque contra la crisis: ayudas gastos de alimentación», 451.714 euros irán destinados a suplementar el «Servicio de Ayuda a Domicilio» y 228.536 euros el «Servicio de Teleasistencia». Y es que, las ayudas de urgencia en la red de centros municipales a fecha 31 de agosto de 2020 habían aumentado un 25% en relación a la misma fecha de 2019. En concreto la concesión de ayudas para alimentación se ha disparado un 88,34%, lo que supone un récord absoluto en esta materia que requiere reflejo presupuestario.
El transporte público ha sido un servicio que se ha visto afectado especialmente por la crisis económica del coronavirus. La caída de usuarios durante el estado de alarma llegó en algunos momentos al 95%, con la consecuente merma en la recaudación. Por eso, se han aprobado también modificaciones de créditos que suman 6.772.408,24 euros para el transporte público. Esta cantidad, se complementa con el Fondo de Contingencia hasta superar los 11.480.000 euros.
Los recursos económicos se han obtenido de partidas presupuestarias que, según los informes técnicos de las diferentes áreas y servicios del Ayuntamiento de Zaragoza, no podrán ejecutarse en su totalidad como consecuencia del confinamiento y del parón económico-administrativo durante los meses en que se decretó el Estado de Alarma.