Santiago de Compostela ha reunido a ocho presidentes autonómicos de Galicia, Cantabria, Asturias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja y Aragón, cuyos territorios representan el 61,97% de la superficie española y un 24,13% del total de su población.
En la capital gallega se ha ratificado una declaración del «Foro Santiago, Camino de consenso”, en la que se reclama un tratamiento especial en el nuevo sistema de financiación autonómica que debe ratificarse en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. En el documento se abordan numerosos asuntos de interés común, dejando claro que la pluralidad no está discutida con la unidad ni supone ningún frente contra nadie.
El Presidente de Aragón, Javier Lambán, ha recordado que la declaración firmada hoy viene a suceder a otros documentos que se redactaron en reuniones anteriores como Cuenca, León y Zaragoza, superponiendo temas nuevos que quedaron excluidos, “lo que hace que este foro de presidentes sea cada vez más útil y valioso”, ha considerado. Más allá de los contenidos concretos de la declaración, Lambán ha puesto énfasis en otros significados «más potentes» del encuentro de presidentes en Santiago de Compostela.
A su juicio, en una España “en la que el frentismo se enseñorea en el Congreso de los diputados, ocho comunidades autónomas de diferentes signos políticos demuestran que se puede hacer política sin frentes, lo que es una excelente noticia porque el frentismo conduce siempre a la catástrofe”. Además, Lambán ha destacado la misión asignada por la Constitución Española a las comunidades autónomas para participar en la construcción de España como proyecto nacional, lo que debería servir de alivio para los españoles a medida que se ve la progresiva atomización del Parlamento, que según el presidente aragonés “hará más ingobernable el país y generará más incertidumbre” en un futuro inmediato.
Lambán ha argumentado que el surgimiento de movimientos en diferentes provincias, “cantonales o populistas”, nacen de un mito que puede acabar en un timo “de gran magnitud” y ha sentenciado que su irrupción en los parlamentos regionales y nacional supondrá más “inestabilidad y dificultará la gobernanza del país”.
El Presidente de Aragón considera, por tanto, que a las comunidades autónomas afectadas “nos emplaza a redoblar nuestros esfuerzos para con nuestro país” y ha apostado por acudir, junto con el tejido social, “al rescate de España para enderezar el rumbo de este país”.
Lambán ha explicado que la declaración de Galicia se ha centrado mucho en la financiación autonómica y el abandono de la España rural e interior porque una cosa y la otra forman parte de la misma moneda. En este contexto, ha reiterado que el problema de la despoblación requiere una intervención de los poderes públicos con políticas reales y con la herramienta más eficaz, esto es, una buena financiación de los servicios. El debate se aborda desde dos puntos de vista: el estado de bienestar y el modelo de país. Con respecto a la primera consideración, Lambán defiende que se preste la misma atención a los tres pilares del estado de bienestar que gestionan las comunidades autónomas, de la misma forma que se atiende al problema de las pensiones, el cuarto poder del estado de bienestar que depende del gobierno central. Por ello, advierte que el gasto para atender estos servicios es exponencial, hasta el punto que si sigue así “estamos abocados a la inviabilidad”.
Con respecto al debate sobre el modelo del país para el futuro, Lambán urge a decidir que España sea disfrutada igualmente por los diferentes pueblos de España con una igualdad de derechos, lo que también pasa por prestar los servicios públicos en zonas de interior y escasa población, donde se encarece el coste de la educación, la sanidad y los servicios públicos.
Lambán ha agradecido la gestión de este foro por la Xunta de Galicia y ha tenido palabras de recuerdo hacia el consejero de hacienda gallego fallecido hace unos meses. El presidente aragonés ha acudido a la reunión junto con el consejero de Hacienda del Gobierno de Aragón, Carlos Pérez Anadón.
La nueva financiación en la Declaración
Las Comunidades Autónomas de Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla La Mancha, Aragón y Castilla y León han firmado una Declaración, compuesta por 35 puntos y una adenda donde muestran su apoyo a la ganadería extensiva, fundamental en la economía de las zonas rurales; “apoyamos a las comunidades que albergan la práctica totalidad de lobos de España en sus planteamientos para lograr un modelo de coexistencia basado en las medidas ya contempladas en los planes de gestión de esas comunidades; y pedimos al Gobierno central que recupere los espacios de consenso y diálogo sobre la gestión y conservación del lobo en nuestro país”.
Con respecto a la financiación, que ocupa gran parte del documento, se señalan los siguientes puntos:
Trasladamos la necesidad de que España acometa de manera pronta el diseño de un nuevo modelo de financiación autonómica, que tenga en cuenta en mayor medida criterios demográficos para responder con eficacia y equidad a las necesidades del conjunto de los ciudadanos, vivan donde vivan.
Ponemos de relieve la trascendencia de este debate, ya que afecta a la principal vía de ingresos de las comunidades. Por ello, reivindicamos que el nuevo sistema sólo puede ser fruto de un consenso multilateral en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), en el cual se tengan en cuenta las necesidades y posiciones de todas las Administraciones afectadas, y que las decisiones relativas a la financiación autonómica queden al margen de los legítimos espacios bilaterales entre el Gobierno central y cada Comunidad.
Así mismo, es oportuno reforzar el CPFF con medios suficientes para proveer de datos y análisis al conjunto de las Comunidades y al Gobierno central para su puesta en común en el seno de los grupos de trabajo posibilitando la determinación del coste real de los servicios y la evaluación del comportamiento de los mecanismos de revisión anual.
Transmitimos nuestro absoluto respeto a las Comunidades con intereses diferentes a los que defendemos en esta materia. El objetivo que debe unirnos es el de acertar en la definición de los costes reales que suponen los servicios que prestamos en el ejercicio de nuestra autonomía, así como de los factores demográficos con incidencia significativa sobre los mismos. Ése es el único camino posible para garantizar la igualdad de los españoles con niveles de servicios públicos homogéneos en todas las Comunidades y evitar desequilibrios territoriales.
Instamos al Gobierno central a definir cuanto antes una metodología de trabajo que permita a todas las Administraciones aportar sus particularidades y necesidades concretas, estableciendo un calendario para ello, así como a definir los principios básicos que rijan el nuevo modelo de financiación autonómica que, a nuestro entender, deberían ser los que manifestamos a continuación.
La asignación de recursos entre las Comunidades Autónomas debe tener como objetivo inexcusable que todas podamos prestar servicios similares, con independencia de la capacidad de cada una para generar ingresos tributarios.
Para ello, consideramos necesario reforzar el principio de suficiencia, que garantice a las comunidades recursos suficientes para prestar los servicios de su competencia tanto en el presente como en el futuro, dentro de unos estándares de calidad aceptables. En este sentido, el nuevo modelo tiene que preservar la suficiencia dinámica en aquellos supuestos en que los ingresos no evolucionen de forma homogénea, a través de la vinculación de los recursos que atribuye el sistema de financiación a la evolución de las necesidades de gasto de las Comunidades y de los ingresos totales del Estado, por supuesto alentando la responsabilidad de las autonomías en el ejercicio de su capacidad normativa.
Defendemos la creación de un catálogo de servicios, cuya financiación esté asegurada a través de los recursos que el sistema atribuye a las Comunidades Autónomas. La potenciación de los mecanismos de nivelación, a través de una dotación suficiente de los mismos debe garantizar el cumplimiento de este principio.
Debe aprovecharse la definición de un nuevo modelo para corregir los déficits de financiación que sufren todas las comunidades autónomas en el modelo vigente, dotando al sistema autonómico de mayores recursos.
Así mismo, defendemos iniciar las negociaciones con la incorporación de la cláusula tradicional en todas las reformas anteriores, conforme a la cual ninguna Comunidad Autónoma recibe menos financiación como consecuencia de la modificación del sistema.
Las necesidades de financiación de las Comunidades Autónomas deberán fijarse atendiendo a los factores determinantes de sus necesidades de gasto reales. Además de los costes fijos, la superficie, la dispersión, la baja densidad, la orografía, la baja natalidad o el envejecimiento y sobreenvejecimiento de la población son condicionantes innegables de un mayor coste en la prestación de servicios, cuyo efecto debe cuantificarse de forma completa y ponderarse en mayor medida que en el actual sistema.
De forma específica, se debe evaluar los gastos vinculados a la educación, sanidad y servicios sociales, dado su elevado peso relativo en todas las Comunidades Autónomas. Especialmente en estas áreas deben tenerse en cuenta factores de coste consustanciales a la población, destinataria en última instancia de los servicios públicos. No sería posible la consecución de un sistema de financiación justo e igualitario sin tener en cuenta los efectos reales sobre el coste de los servicios de la extensión del territorio, de la baja densidad y de la dispersión que obliga a los poderes públicos a multiplicar las unidades de prestación de servicios de cercanía (escuelas, centros de salud, centros de día…) o del envejecimiento que suele ir asociado a una mayor dependencia, prevalencia de patologías y con el consiguiente gasto farmacéutico, que conlleva necesariamente diferentes intensidades en la utilización de los servicios públicos. Igualmente, proponemos la elaboración de un estudio independiente que evalúe el efecto de criterios como el nivel de renta, la tasa de paro o la pobreza en el coste de la prestación de servicios.
En particular, la sanidad pública y su dinámica de crecimiento de gasto, aún más intensificada con la pandemia todavía vigente, debe ser objeto de un análisis especial en la próxima negociación. El peso de la sanidad en el sistema debe adecuarse al gasto real de las Comunidades Autónomas, incluidos los gastos estructurales que ha dejado la pandemia. En concreto, se valorará de forma adecuada el impacto de cada grupo de edad que forma parte de la población protegida equivalente, recogiendo la creación de nuevos tramos a partir de los 65 años (mayores 85 años) y aumentando su ponderación. Además, se realizarán revisiones periódicas para ajustar estos indicadores y ponderación, de forma que se garantice la suficiencia dinámica del gasto sanitario en el modelo de financiación.
Se evaluará de forma diferenciada el efecto de la aplicación de la Ley de Dependencia. La financiación deberá ser suficiente para alcanzar los niveles de cobertura contemplados originalmente en esa norma, y se realizará conforme se establece en el Informe de la Comisión para el análisis de la situación del Sistema de Dependencia. En especial, se tendrá en cuenta un nuevo grupo de edad a partir de 85 años, donde se concentran un mayor porcentaje de grandes dependientes destinatarios de los cuidados más intensivos del sistema.
Se tendrán en cuenta criterios que permitan impulsar el reequilibrio territorial entre zonas densamente pobladas y zonas en declive demográfico y proporcionar servicios públicos de calidad a estas últimas. Así mismo, el sistema debe garantizar un desarrollo económico sostenible e integrado para todos, prestando atención a la inversión en políticas de conciliación, de apoyo a la natalidad y de dotación de recursos para el desarrollo rural.
El nuevo modelo debe hacer plenamente efectivo el principio de lealtad institucional y seguridad jurídica, de tal forma que en las decisiones de la Administración General del Estado que afecten a la capacidad financiera de las Comunidades Autónomas para hacer frente a la prestación de los servicios éstas deben poder ser compensadas por la totalidad de los efectos financieros que puedan producirse. A tal efecto, deberá procederse a la cuantificación de las diferentes medidas adoptadas por el Estado que hayan podido afectar a los ingresos y gastos autonómicos, así como a los que puedan surgir por el impulso desde la Administración General del Estado de nuevos servicios que vayan a ser gestionados por las Comunidades Autónomas.
Además, el cierre del modelo requiere la correcta definición y valoración de otros recursos de las Comunidades Autónomas que no forman parte del sistema de financiación autonómica en sentido estricto, pero que sí que aportan recursos adicionales decisivos para garantizar el desarrollo de nuestras Comunidades Autónomas, lo que implica:
1. Potenciar las políticas de desarrollo regional y en concreto, del Fondo de Compensación Interterritorial, instrumento constitucionalmente ligado al principio de solidaridad a través de recursos adicionales a los del sistema de financiación, mediante una adecuada dotación presupuestaria y una reforma de los elementos configuradores del Fondo.
2. Una evaluación de la situación actual y futura de los mecanismos extraordinarios de apoyo a la liquidez de las Comunidades Autónomas, bajo la premisa de que las medidas que se adopten deberán respetar una igualdad de trato entre todas las Comunidades Autónomas y no generar ningún perjuicio financiero a ninguna de ellas.
3. En la misma línea, defendemos que el reparto de los Fondos Next Generation se haga de forma equitativa mediante el establecimiento de criterios estables y objetivos.
4. La evaluación del impacto de las reformas en materia de administración local sobre la financiación y las necesidades de gasto de las Comunidades Autónomas. En este ámbito, también consideramos necesario que se aborde la necesaria reforma de la financiación local.
5. Los órganos de cooperación interadministrativos velarán de forma efectiva porque los recursos asignados a través del sistema de financiación no se detraigan por otras vías con interpretaciones discutibles de la normativa tributaria, como ha sucedido con la repercusión del impacto de la implantación del SII en el IVA cedido a las Comunidades Autónomas o la sujeción a IVA de las transferencias de financiación de las televisiones autonómicas. En este último ámbito, tras la sentencia del 16 de septiembre de 2021 del TJUE, solicitamos el reconocimiento de la Administración tributaria estatal de la naturaleza esencialmente económica de la actividad desarrollada por estos medios, con deducibilidad total del IVA soportado hasta el 2021 y reconocimiento de un mínimo de deducibilidad a partir de 2022.