EL PLENO APRUEBA LAS ORDENANZAS FISCALES DE 2021 Y EL PLAN DE RESCATE FISCAL PARA LOS SECTORES MÁS AFECTADOS POR LA CRISIS ECONÓMICA

El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado, de manera definitiva, la modificación de las Ordenanzas Fiscales para 2021. De esta manera, el Ayuntamiento de Zaragoza impulsa para el próximo año unas «ordenanzas verdes» en las que se bonificará el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO).

En concreto, todos los inmuebles zaragozanos que instalen placas con una potencia mínima de 1,2 kilovatios (cada 100 metros cuadrados) se bonificarán de un 30% en recibo del IBI durante los próximos cinco años. Además, el consistorio bonificará el ICIO en un 95% para aquellas construcciones, instalaciones u obras que incluyan instalaciones para captar energía solar así como la de otras fuentes de energía renovable, aquellas actuaciones de rehabilitación incorporación de aislamiento térmico que disminuyan, al menos, en un 50% la demanda energética global de calefacción y refrigeración del edificio y las actuaciones de rehabilitación que permitan alcanzar las condiciones técnicas exigidas en la normativa vigente para edificios de consumo casi nulo.

Las Ordenanzas Fiscales de 2021 contemplan la exención para todos los desempleados, con independencia del tiempo que lleven sin trabajo, del pago de las «tasas por examen» incluidas en la Ordenanza reguladora de la Tasas por Prestación de Servicios Generales.

La bonificación del IBI para las familias numerosas se mantiene en los mismos términos que en 2020, garantizando una reducción de los recibos de entre un 60 o un 70 % (en función de la categoría de cada familia numerosa).

PLAN DE RESCATE FISCAL

El Pleno también ha aprobado las modificaciones de las ordenanzas a las que hace referencia el Plan de Rescate Fiscal que bonificará con 5,4 millones de euros hostelería, ocio, cultura, el comercio, taxi y restauración de la ciudad.

De esta manera, en 2021, el Ayuntamiento de Zaragoza bonificará el 30% del recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) de los locales donde se realiza actividad económica relacionada con la hostelería, el ocio, la cultura, el comercio y la restauración; el 50% de la Tasa de Veladores y reducirá un 25% la tarifa por transmisión de licencia de taxi.

Además, con el objetivo de ayudar a aquellos que se están viendo afectado por las circunstancias excepcionales derivadas de la Covid-19, se ha aprobado también la modificación de la Ordenanza Fiscal 1, reguladora de la gestión inspección y recaudación de los tributos y demás ingresos de derecho público para que en 2021 aquellos hogares de hasta cuatro miembros en los que la media de los ingresos totales de sus integrantes no supere el salario mínimo, puedan acogerse al sistema especial pago de deudas tributarias durante 12 meses, 3 meses más de los previstos en 2020, y disfrutar de una bonificación de los recibos de un 5% si estos están domiciliados.

REMANENTE DE TESORERÍA

Durante el Pleno celebrado esta mañana también se ha aprobado el destino del Remanente de Tesorería de 2019. De esta manera se ha aprobado una modificación de créditos por un importe de algo más de 37,9 millones de euros para pagar las revisiones de precios de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) de los años 2014, 2015, 2016, 2017 y parte del 2018, así como el ajuste de inversión de AVANZA correspondiente a 2018.

La decisión se ha tomado siguiendo lo dispuesto en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, un informe técnico firmado por el Tesorero del Ayuntamiento de Zaragoza y las instrucciones trasladadas por el Ministerio de Hacienda a través de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local que dan respuesta a las consecuencias de la suspensión de las reglas fiscales en 2020 y 2021 en relación con las entidades locales y en el que se indica que:

«No está afectado por la medida de suspensión el cumplimiento de las obligaciones de la cuenta 413 (aquellas facturas que no tienen partida presupuestaria o han superado el presupuesto) ni el plazo máximo de pago a proveedores.

El superávit de los entes territoriales se debería destinar a la obligación de atender o cancelar la cuenta 413, al pago a proveedores de modo que se cumpla con el plazo máximo establecido en la normativa de medidas de lucha contra la morosidad, así como a financiar déficits durante la suspensión, con eso se evita el incremento neto de endeudamiento necesario para financiar aquellos».

El Pleno también ha dado luz verde para dedicar 2,6 millones correspondientes a inversiones financieramente sostenibles a amortizar deuda tal y como obliga la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

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