Las obligaciones contraídas por el cuatripartito y ahora por los socios PP-Vox al frente de la DGA, junto con la creciente inflación, incrementarán en otros 425 millones de euros las partidas destinadas a pagar las nóminas y los gastos corrientes en el próximo año, alcanzando un total de 4.281 millones de euros. Esto significa que estas partidas ya representarán el 50% del presupuesto autonómico, ya que las necesidades en los departamentos de Sanidad y Educación, que absorben la mayor parte de los fondos, continúan aumentando constantemente.
Aunque el primer presupuesto del Gobierno de Jorge Azcón aumenta un 3,6%, los gastos relacionados con el personal y el gasto corriente aumentan un 11%, impulsados principalmente por la cobertura sanitaria y educativa, que representan 3.215 millones de euros, el 75% del total del presupuesto autonómico, denominado capítulos 1 y 2.
El consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, explicó que ambos departamentos necesitarán una inyección adicional de 198 millones de euros para las nóminas, ya que se debe cubrir no solo un aumento salarial del 3%, como en el caso de los demás funcionarios, sino también los acuerdos ya firmados.
En Educación, el incremento se debe al «emergente» gasto real no presupuestado en 2023 y al costo de reducir las horas de enseñanza del profesorado, lo que requiere la contratación de más docentes, así como la contratación de asistentes para atender a los niños con necesidades especiales.
Sin embargo, no hay presupuesto para cumplir dos de las medidas clave del acuerdo de gobierno: la expansión de la financiación para el bachillerato y la gratuidad de la educación para niños de 0 a 3 años. Tampoco se ha previsto una partida para el anunciado cheque bebé, que sigue «en estudio» y cuya implementación dependerá de los ingresos y se llevará a cabo a través del programa Volveremos. No obstante, se ha asignado un crédito inicial de 3 millones de euros, que podrá aumentarse para extender la experiencia de Zaragoza a toda la región.
La Sanidad también requiere más financiación para cumplir los acuerdos destinados a mejorar la Atención Primaria y para sufragar la carrera profesional del personal de Formación Profesional y de gestión y servicios, además de cumplir con las sentencias que exigen reconocer la carrera profesional a los médicos interinos.
En cuanto al gasto corriente, el Departamento de Hacienda justifica el aumento por el costo de los suministros necesarios para Salud. Sin embargo, la simple operación de la administración es más costosa debido a los continuos aumentos de precios de los servicios, causados por la inflación. Este crecimiento es exponencial, ya que este año se destinaron 434 millones de euros adicionales para nóminas y gastos corrientes. Ambas partidas han aumentado en mil millones desde 2020.
También aumentan las transferencias corrientes a 1.917 millones de euros para cubrir servicios. De estos, 98 millones se destinarán a financiar la concertación de plazas en el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), mientras que otros 25,4 millones se utilizarán para cubrir el costo real de la financiación de la educación.
El presidente de Aragón, Jorge Azcón, señaló que este presupuesto se ajustará «a la realidad» y no contendrá «infradotaciones» como en el gobierno anterior. «Antes, tenían que ajustarlo a golpes», criticó.
A pesar de que las inversiones (capítulos 6 y 7) solo crecerán un 1,7%, con un presupuesto de 1.060 millones de euros, se mantendrá el ritmo de financiamiento para las infraestructuras educativas. En concreto, 49,4 millones de euros, un 2% más, se destinarán a financiar las obras plurianuales en ejecución en el sur de Zaragoza y Cuarte (los colegios Ana María Navales, Soledad Puértolas, Parque Venecia y Arcosur, y el instituto Martina Bescós). Además, se realizarán expansiones en estos mismos centros y se iniciarán las obras del bloque de secundaria del Zaragoza Sur, con una asignación de 600,000 euros, ya que la mayor parte de la inversión se realizará en 2025.
Por otro lado, el presupuesto de Salud experimentará una disminución de más del 10% en las inversiones reales y no se emprenderán nuevas obras. Aunque se han previsto partidas para los proyectos de las nuevas instalaciones de urgencias en Calatayud y el centro de salud de Cuarte. Sin embargo, el nuevo Gobierno autonómico asegura que se podrán continuar «con total normalidad» las obras de los hospitales de Alcañiz y Teruel (40,5 millones), avanzar en el centro de salud de Barbastro (4,7 millones) y llevar a cabo las acciones correspondientes al Plan de Atención Primaria (9,3 millones).
Se realizarán recortes en el fondo de solidaridad con países desfavorecidos, que contará con tan solo 1,2 millones de euros, en comparación con los 6,2 millones de este año, y en la partida de gestión forestal, que disminuirá de 66 a 51 millones.
Por otro lado, se asignarán tres millones de euros para los centros de emergencias de Zaragoza y Huesca, y las partidas destinadas al Deporte crecerán de 11,5 a 13 millones de euros, al igual que las destinadas a la protección del patrimonio cultural, que aumentarán de 7,9 a 8,4 millones de euros. La contribución a las comarcas se mantendrá en 63,5 millones de euros, como en el año anterior.
El calendario de vencimientos de la deuda obligará a captar otros 1.020 millones de euros, lo que representa una reducción de 325 millones en comparación con el ejercicio anterior. A pesar de que solo se prevé un aumento de 45 millones en el cálculo, la refinanciación de los créditos generará mayores costos financieros. Este año se destinaron 151 millones de euros al pago de intereses, mientras que para 2024 se prevén 224 millones de euros debido al aumento de los tipos de interés. Esto significa que la DGA tendrá 98 millones de euros menos para mejorar los servicios y llevar a cabo inversiones.