La Fiscalía solicita una condena de 22 años de prisión para Pompeyo González, un individuo de 74 años residente en Miranda de Ebro, detenido en Burgos por el envío de seis cartas explosivas durante noviembre y diciembre de 2022. Estos envíos estaban dirigidos al presidente del Gobierno, a la ministra de Defensa, a la empresa Instalaza en Zaragoza, a las embajadas de Estados Unidos y Ucrania en Madrid, así como al centro de satélites de la Base Aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid).
La fiscal de la Audiencia Nacional, Ana Noé, lo acusa de un delito de terrorismo, solicitando 10 años de prisión, y otro de fabricación, tenencia, colocación y empleo de aparatos explosivos, para lo cual se añadirían 12 años más. Además, solicita una medida de seis años de libertad vigilada tras cumplir la pena de cárcel.
Se requiere también que González pague una indemnización de 1.500 euros al trabajador de la embajada de Ucrania que resultó herido al manipular la carta enviada por el acusado.
Según la fiscal, Pompeyo González, en desacuerdo con el respaldo ofrecido por España a Ucrania, así como por otras instituciones nacionales y estadounidenses, buscaba provocar una profunda conmoción en la sociedad española. La elaboración de estos artefactos explosivos ocurrió en su domicilio en Miranda de Ebro (Burgos).
La cantidad y disposición del explosivo utilizado podría causar lesiones significativas, tanto por la explosión misma como por el impacto de la metralla y la fragmentación del perfil metálico debido al confinamiento del explosivo y otros elementos empleados en su fabricación, como tuercas y tornillos.
El 14 de abril pasado, el juez del caso, José Luis Calama, ordenó la liberación de González, un exfuncionario del Ayuntamiento de Vitoria, después de casi tres meses en prisión preventiva desde su detención en enero en la operación Konvert. Para asegurar su comparecencia en un eventual juicio, se le impuso la obligación de presentarse semanalmente en el juzgado más cercano a su domicilio, la prohibición de salir del país, la confiscación de su pasaporte y la obligación de proporcionar una dirección donde pueda ser localizado.