El Gobierno de Aragón estudiará la nueva propuesta de financiación de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU)

El Gobierno de Aragón estudiará la nueva propuesta de financiación de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) presentada por el Gobierno central, la cual busca llevar a cabo la mayor estabilización del personal docente en las universidades. Esta iniciativa contempla la estabilización de 4.200 plazas en total, de las cuales 130 corresponden a la Universidad de Zaragoza. El Gobierno central se compromete a asumir dos tercios del coste de este plan, siempre que las comunidades autónomas financien el tercio restante en un período de cuatro años.

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades del Gobierno de Aragón, Claudia Pérez Forniés, tiene menos de un mes para presentar una propuesta sobre cuántas plazas desea estabilizar en los próximos cuatro años. Sin embargo, enfatiza la necesidad de responsabilidad y compromiso para financiar adecuadamente los costos asociados con la implementación de la LOSU. Destaca que cuando se promulga una ley nacional que incrementa los costos de mantenimiento de las universidades públicas, el Ministerio de Educación debe asumir dichos costos.

Gracias al esfuerzo de Aragón y otras comunidades autónomas que demandaban un mayor compromiso económico por parte del Gobierno central, este último ha presentado un nuevo proyecto de financiación que amplía significativamente el número de plazas financiadas durante seis años. La propuesta incluye financiar alrededor del 70% de los nuevos profesores ayudantes doctor en la Universidad de Zaragoza.

La LOSU tiene como objetivos adicionales estabilizar la carrera del profesorado a edades más tempranas, eliminar la precariedad laboral, acabar con la alta temporalidad y alcanzar una inversión del 1 % del PIB en 2030 para el sistema universitario. En 2023, la temporalidad en la plantilla universitaria se situaba en un 48 %, alcanzando hasta un 75 % en algunas universidades. La ministra Morant destaca que la universidad no puede ser una «isla de precariedad» y que es necesario abordar esta situación.

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