Un ciudadano de Zaragoza fue víctima de un fraude bancario mientras dormía, cuando desconocidos realizaron compras por un valor cercano a los 3.000 euros y solicitaron un préstamo de 8.000 euros utilizando su cuenta bancaria y la banca electrónica. Estos movimientos fraudulentos dejaron su cuenta en números rojos y lo incluyeron en una lista de morosos.
Tras darse cuenta de lo sucedido, el afectado acudió al banco y presentó una denuncia ante la Policía Nacional. La entidad financiera canceló el préstamo, pero se negó a reembolsar el importe de las compras, argumentando que se habían realizado con autorización.
Sin embargo, un juzgado de Zaragoza ha condenado al banco a devolver el dinero de las compras y a sacar al cliente de la lista de morosos. La sentencia se basó en el Real Decreto Ley 19/2018, que establece que si se ejecuta una operación de pago no autorizada, el proveedor de servicios de pago debe devolver el importe al cliente, a menos que pueda demostrar que la operación fue autenticada correctamente y que el cliente actuó con culpa grave.
La juez consideró que el banco actuó con negligencia al no evaluar adecuadamente las circunstancias de las transacciones, como la hora en que se realizaron, el dispositivo utilizado y el perfil del cliente. Además, no se pudo demostrar que el cliente fuera el responsable de las transacciones fraudulentas.
Por lo tanto, el banco deberá reembolsar el importe de las compras fraudulentas y eliminar al cliente de la lista de morosos. Sin embargo, la solicitud de indemnización por daños y perjuicios fue denegada por falta de pruebas de que el cliente sufriera mayores perjuicios como resultado de la operación fraudulenta. El banco deberá abonar al cliente el importe reclamado más intereses.