La decisión del Tribunal Constitucional de avalar la candidatura de Carles Puigdemont en las próximas elecciones catalanas ha generado un intenso debate político y jurídico. El ex presidente de la Generalitat, figura central en la estrategia electoral de Junts per Catalunya, ha sido el foco de atención desde que Ciudadanos interpuso un recurso de amparo, argumentando que Puigdemont no cumplía los requisitos legales al presentarse con un DNI caducado.
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional ha rechazado admitir a trámite el recurso de Ciudadanos, alegando la ausencia de vulneración de un derecho fundamental tutelable en amparo. Esta decisión ha provocado controversia, ya que la formación naranja sostenía que Puigdemont, al residir en Bélgica, no cumplía con el requisito de residencia exigido para ser candidato.
El TC ha destacado que Ciudadanos tuvo la oportunidad de plantear la caducidad del DNI de Puigdemont durante el proceso judicial, pero no lo hizo. Además, se ha señalado que la reclamación podía haberse presentado ante la Oficina del Censo Electoral o mediante un proceso especial de tutela jurisdiccional de los derechos fundamentales, alternativas que no fueron utilizadas por la formación política.
Esta decisión del Tribunal Constitucional marca un hito en el panorama político catalán, especialmente en la previa de unas elecciones clave. Con la validación de la candidatura de Puigdemont, la contienda electoral adquiere un nuevo matiz, donde las fuerzas políticas deberán ajustar sus estrategias ante un escenario político y jurídico complejo.
Mientras tanto, la cuenta atrás para las elecciones catalanas del 12 de mayo continúa, con millones de ciudadanos catalanes llamados a las urnas en un momento crucial para el futuro de la región.