El Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid ha iniciado diligencias de investigación contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción. La apertura de esta investigación se produjo el pasado 16 de abril tras una denuncia presentada por el sindicato ‘Manos Limpias’, según han confirmado fuentes jurídicas a Antena 3 Noticias.
Las diligencias, que están declaradas como secretas, se centran en la presunta implicación de Begoña Gómez en actividades relacionadas con tráfico de influencias y corrupción, delitos recogidos en el artículo 429 y en el 286 bis del Código Penal.
El artículo 429 establece que aquellos particulares que influyan en funcionarios públicos o autoridades para obtener un beneficio económico directo o indirecto podrían enfrentar penas de prisión de seis meses a dos años, además de multas y prohibiciones de contratar con el sector público.
Por su parte, el artículo 286 bis aborda el delito de corrupción en el ámbito empresarial, castigando tanto a quienes reciben beneficios injustificados como a quienes los ofrecen para obtener un trato favorable en contrataciones o relaciones comerciales.
Pedro Sánchez ha hecho una declaración pública sobre la investigación, expresando su confianza en la justicia española. Afirmó que, a pesar de las noticias recientes, sigue creyendo en la autonomía e independencia del sistema judicial del país.
La noticia ha generado reacciones políticas, con Vox desafiando al PP a solicitar la comparecencia de Begoña Gómez en la comisión de investigación del Senado, argumentando que el PSOE está implicado en un «gravísimo caso de corrupción». Pepa Rodríguez de Millán, portavoz de Vox en el Congreso, ha destacado que el caso afecta al círculo íntimo del presidente y sugiere que ha habido influencia para beneficiar a empresarios cercanos en contratos públicos.