Informe de la ONU cuestiona leyes de concordia en regiones españolas por posible invisibilización de crímenes franquistas

 

La ONU ha presentado un informe tras la solicitud del Gobierno de Pedro Sánchez, donde critica las leyes de concordia implementadas por los partidos PP y Vox en tres comunidades autónomas: Aragón, Castilla y León, y la Comunidad Valenciana. El texto alerta sobre el riesgo de «invisibilizar» los crímenes del franquismo con estas propuestas, destacando la eliminación de la palabra «dictadura» en algunas normativas.

El ministro de Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, calificó el informe como «demoledor y contundente», señalando una presunta «sumisión del PP a Vox». Por su parte, la Ministra de Ciencia, Diana Morant, afirmó que estas leyes no buscan la concordia, sino que pretenden «blanquear el franquismo».

En el caso de Castilla y León, el informe revela la eliminación de la palabra dictadura en el proyecto de ley. El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, de Vox, cuestionó a los relatores de la ONU, argumentando que no están familiarizados con la ley de concordia de su comunidad autónoma.

La figura del «Relator Especial» de la ONU, creada para promover la verdad y la justicia, alerta sobre la derogación de la ley de memoria democrática en Aragón, lo que ha resultado en la eliminación de mapas de fosas comunes. Sin embargo, el presidente aragonés, Jorge Azcón, niega la existencia de una ley de concordia, argumentando que se trata de un plan que incluye acciones relacionadas con exhumaciones.

En cuanto a la Comunidad Valenciana, los relatores critican la equiparación de las víctimas de la Segunda República con las de ETA y el terrorismo islámico en el proyecto de ley. El presidente Carlos Mazón defiende las acciones realizadas en su región como una ampliación de derechos.

El PP reitera su compromiso con la memoria histórica, mientras advierte sobre el «revisionismo» del gobierno en la historia. Alberto Núñez-Feijóo, del PP, reafirmó que para su partido los 40 años de Franco fueron una dictadura y ETA una banda terrorista.

Esta controversia resalta la complejidad de abordar la memoria histórica en España, con diferentes visiones políticas y sociales sobre el pasado reciente del país.

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