En un movimiento previsible pero cargado de implicaciones políticas, el Senado ha rechazado la propuesta de ley de amnistía, devolviéndola al Congreso para su aprobación definitiva. El veto, liderado por el Partido Popular, ha generado un intenso debate sobre el futuro político de Cataluña y el papel de la amnistía en la reconciliación de la región.
Con 149 votos a favor y 113 en contra, el veto del Senado ha marcado un hito en un proceso político complejo. Este paso llega apenas dos días después de las elecciones en Cataluña, donde el independentismo ha experimentado una pérdida de fuerza en el Parlament. Sin embargo, la decisión del Senado refleja las profundas divisiones políticas que persisten en el país.
Durante el debate en el Senado, el Partido Popular, junto con Vox y UPN, ha criticado fuertemente la propuesta de amnistía, calificándola de inconstitucional y como un supuesto favor del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a los independentistas. En contraste, las formaciones que apoyan la norma argumentan que representa un paso hacia la convivencia y la normalización política en Cataluña después de años de confrontación.
A pesar de las esperanzas de reconciliación, ERC y Junts per Cat han advertido que la amnistía no pone fin a su objetivo principal: la autodeterminación. Estas formaciones independentistas han reiterado su compromiso con la celebración de un referéndum de autodeterminación en el futuro.
El regreso de la ley al Congreso ha generado críticas entre algunos sectores políticos, quienes ven en este movimiento una prolongación innecesaria del proceso. Mientras tanto, los defensores de la propuesta argumentan que la amnistía es un paso crucial hacia la reconciliación y la justicia en Cataluña.
El informe de los letrados del Senado, que señalaba motivos de inconstitucionalidad en la propuesta de ley, añade una capa adicional de complejidad al debate. A medida que el proceso continúa, la sociedad